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El sector salud en Argentina es uno de los actores que genera mayor fuerza de empleo, teniendo en cuenta el ámbito público, privado, de la seguridad social y las tasas de empleo de los proveedores asociados a su funcionamiento.  La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que uno de cada 10 puestos de trabajo pertenece al ámbito sanitario[i].

Un informe de la Subsecretaría de Planificación, Estudios y Estadísticas del Ministerio de Salud indica que en el segundo semestre de 2020 la rama Salud ocupaba a 996 mil personas con respecto al mismo período de 2014, los ocupados de este sector crecieron en un 16,1%, superando en gran medida la variación de ocupados en el resto de la economía[ii].

El crecimiento de la ocupación, sostenido hasta la actualidad, se produjo tanto en el sector público como en el privado, aunque el sector privado concentra seis de cada diez ocupados de Salud. En el sector público el incremento se presenta entre los no profesionales, mientras que en el sector privado el incremento es similar entre profesionales y no profesionales. (Ver Cuadro 1: Evolución del empleo registrado privado en Salud 2014-2020.)

Un estudio elaborado por Famascopio Net y Consulfarma marca el incremento sostenido en el precio de los medicamentos e indica que desde hace un año el PPP (precio promedio ponderado) de los medicamentos corre por encima del IPC (índice de precios al consumidor) general.

El estudio detalla que los medicamentos de dispensa con receta aumentaron un 3.4% en el mes de julio, en tanto los productos de venta libre aumentaron un 5.3%.

En el caso de los medicamentos denominados de Alto Precio tuvieron un incremento del 3.8%.

En los últimos años hubo un aumento significativo en la cantidad de personas acreditadas mediante el Certificado Único de Discapacidad (CUD) ante la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

Precisamente, el número supera el 3% de la población total. La suba fue vertiginosa desde 2001, la cantidad de pensiones pasó de 76.000 a más de un millón.

Cabe destacar que la discapacidad no es una enfermedad; es una condición de la cual se pueden derivar necesidades específicas, como las de atención médica, rehabilitación, educación especial y asistencia en la vida cotidiana, incluyendo en algunos casos la necesidad de adaptación de la vivienda, de una alimentación determinada, del transporte especial y de apoyo de personal especializado. 

Para obras sociales, medicina privada y hospitales públicos proveer las prestaciones especiales para la discapacidad representó un desafío complejo en términos de financiación y gestión. Este escenario generó nuevas responsabilidades sin contemplar una fuente específica de financiamiento.

Coberturas y prestaciones que alcanzan a la discapacidad

• Servicios de atención médica y otros servicios como traslados, educación especial, asistencia dentro del hogar y adaptación de la vivienda. 

La ley N° 24.901 en el año 1997 amplió el Programa Médico Obligatorio (PMO) e hizo responsables a las obras sociales de suministrar estas prestaciones a sus afiliados, en 2011 esta obligación se extendió a las prepagas.

Para quienes no tienen seguro de salud, la cobertura debe ser proporcionada por efectores públicos.

Para acceder a estos servicios la persona tiene que gestionar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) ante la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

• Retiro por invalidez. 

Se otorga a aquellas personas que como consecuencia de la aparición de una discapacidad no pueden seguir trabajando.

Es expedida por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

• Pensión no contributiva por invalidez.

Se otorga a personas que no tienen una historia laboral que les permita acceder al retiro por invalidez y carecen de ingresos o bienes que aseguren la subsistencia de su grupo familiar.

Para acceder se requiere un Certificado Médico Oficial emitido por un profesional de un hospital público, y presentarse ante la Anses.

A diferencia del retiro por invalidez la norma permite a la persona tener un empleo formal, tanto asalariado como monotributista. 

Desde 2001 la cantidad de pensiones pasó de 76.000 a más de un millón, es decir, de 0,2% a 2,4% de la población.

Actualmente, las prestaciones por discapacidad son evaluadas por tres tipos de organismos diferentes con reglamentaciones y criterios diferentes.

Agregar prestaciones al PMO para que obras sociales, prepagas y hospitales públicos se hagan cargo sin explicitar sus costos y cómo cubrirlos lleva a que en muchas ocasiones la atención no sea suministrada en tiempo y forma, o algunos casos que terminan con intervención judicial.