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Fuerza de empleo del sector salud en Argentina

El sector salud en Argentina es uno de los actores que genera mayor fuerza de empleo, teniendo en cuenta el ámbito público, privado, de la seguridad social y las tasas de empleo de los proveedores asociados a su funcionamiento.  La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que uno de cada 10 puestos de trabajo pertenece al ámbito sanitario[i].

Un informe de la Subsecretaría de Planificación, Estudios y Estadísticas del Ministerio de Salud indica que en el segundo semestre de 2020 la rama Salud ocupaba a 996 mil personas con respecto al mismo período de 2014, los ocupados de este sector crecieron en un 16,1%, superando en gran medida la variación de ocupados en el resto de la economía[ii].

El crecimiento de la ocupación, sostenido hasta la actualidad, se produjo tanto en el sector público como en el privado, aunque el sector privado concentra seis de cada diez ocupados de Salud. En el sector público el incremento se presenta entre los no profesionales, mientras que en el sector privado el incremento es similar entre profesionales y no profesionales. (Ver Cuadro 1: Evolución del empleo registrado privado en Salud 2014-2020.)

Cuadro 1: Evolución del empleo registrado privado en Salud 2014-2020.

Cifras del sector salud

En el total de ocupados del sector Salud se encuentran 396 mil en el sector público y 599 mil personas en el sector privado. Más de las dos terceras partes de estos ocupados son mujeres, valor que se encuentra muy por encima del resto de la economía, donde representan el 41,8%. (Ver Cuadro 2: Trabajadores ocupados del sector salud según calificación de la tarea. Segundos semestres 2014, 2017 y 2020).

Cuadro 2: Trabajadores ocupados del sector salud según calificación de la tarea.

Recurso humano calificado

Otro factor a tener en cuenta es el personal calificado en Salud. En este sector de actividad, se advierte un elevado nivel de educación de los trabajadores donde el 66,8% cuenta con nivel terciario o universitario completo, mientras en el promedio de ocupados sólo el 23,0% alcanza este nivel. En el sector privado es donde se advierte la mayor diferencia. En efecto, en el ámbito privado un 39,8% de los trabajadores que se ocupan en el resto de las actividades cuentan sólo con un nivel bajo de educación, mientras que en el sector salud sólo el 7,8% de los trabajadores cuentan con ese nivel.

Asimismo, en el sector público también se advierten importantes diferencias, ya que los trabajadores con alto nivel educativo representan el 69,3% del total de ocupados del sector salud, mientras que entre los ocupados del resto del sector público, esto alcanza al 50,2%.

Por otra parte, el 16.0% de los trabajadores que cuentan con el nivel terciario o universitario finalizado se ubica en el sector salud, sólo el 3,8 de los que cuentan con nivel medio de educación y apenas el 1,4% de los que no llegaron a finalizar el nivel secundario. (Ver Cuadro 3: Distribución de los trabajadores según nivel de educación en sector Salud y en resto de los sectores).

Cuadro 3: Distribución de los trabajadores según nivel de educación en sector Salud y en resto de los sectores.

En efecto, el 66,8% de los ocupados del sector cuentan con un nivel alto de educación (nivel terciario o universitario finalizado), mientras en el resto de la economía, los de nivel alto apenas llegan al 23,0%.

Inclusive, en el caso de las instituciones privadas están acreditadas y cuentan con certificación de Normas ISO.

Referencias

[i]  “Guía para el análisis del mercado laboral de la salud”, Organización Mundial de la Salud (OMS). Disponible en: https://www.who.int/es/publications/i/item/9789240035546

[ii] “Situación ocupacional de los trabajadores de la Rama Salud”, Ministerio de Salud de la Nación. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2018/12/informe_sobre_el_mercado_de_trabajo_del_sector_salud.pdf

Medicamentos-e-Inflación-web

Medicamentos vs Inflación

Un estudio elaborado por Famascopio Net y Consulfarma marca el incremento sostenido en el precio de los medicamentos e indica que desde hace un año el PPP (precio promedio ponderado) de los medicamentos corre por encima del IPC (índice de precios al consumidor) general.

El estudio detalla que los medicamentos de dispensa con receta aumentaron un 3.4% en el mes de julio, en tanto los productos de venta libre aumentaron un 5.3%.

En el caso de los medicamentos denominados de Alto Precio tuvieron un incremento del 3.8%.

Fuente: Farmascopionet en base a datos del Observatorio de COFA, IQVIA e INDEC.

El gráfico compara el IPC (índice de precios al consumidor) con el PPP (precio promedio ponderado) de los medicamentos con receta según datos de COFA en base a IQVIA desde junio del 2022 hasta la fecha. El PPP es el real, y su evolución corresponde a la línea azul. La línea roja es el PPP desde junio 2022 más el IPC. Ambas líneas parten del valor $1589 que era el PPP de junio 2022.

La evolución de las dos líneas tienen un comportamiento similar hasta julio del 2023, fecha en donde comienzan a bifurcarse. El gráfico permite observar que desde hace un año el PPP de los medicamentos corre por encima del IPC general.

La inflación de los medicamentos es una variable central en el seguimiento de costos en salud.

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Cobertura de la discapacidad: ¿Qué prestaciones alcanza?

En los últimos años hubo un aumento significativo en la cantidad de personas acreditadas mediante el Certificado Único de Discapacidad (CUD) ante la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

Precisamente, el número supera el 3% de la población total. La suba fue vertiginosa desde 2001, la cantidad de pensiones pasó de 76.000 a más de un millón.

Cabe destacar que la discapacidad no es una enfermedad; es una condición de la cual se pueden derivar necesidades específicas, como las de atención médica, rehabilitación, educación especial y asistencia en la vida cotidiana, incluyendo en algunos casos la necesidad de adaptación de la vivienda, de una alimentación determinada, del transporte especial y de apoyo de personal especializado. 

Para obras sociales, medicina privada y hospitales públicos proveer las prestaciones especiales para la discapacidad representó un desafío complejo en términos de financiación y gestión. Este escenario generó nuevas responsabilidades sin contemplar una fuente específica de financiamiento.

Coberturas y prestaciones que alcanzan a la discapacidad

  • Servicios de atención médica y otros servicios como traslados, educación especial, asistencia dentro del hogar y adaptación de la vivienda. 

La ley N° 24.901 en el año 1997 amplió el Programa Médico Obligatorio (PMO) e hizo responsables a las obras sociales de suministrar estas prestaciones a sus afiliados, en 2011 esta obligación se extendió a las prepagas.

Para quienes no tienen seguro de salud, la cobertura debe ser proporcionada por efectores públicos.

Para acceder a estos servicios la persona tiene que gestionar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) ante la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

  • Retiro por invalidez. 

Se otorga a aquellas personas que como consecuencia de la aparición de una discapacidad no pueden seguir trabajando.

Es expedida por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

  • Pensión no contributiva por invalidez.

Se otorga a personas que no tienen una historia laboral que les permita acceder al retiro por invalidez y carecen de ingresos o bienes que aseguren la subsistencia de su grupo familiar.

Para acceder se requiere un Certificado Médico Oficial emitido por un profesional de un hospital público, y presentarse ante la Anses.

A diferencia del retiro por invalidez la norma permite a la persona tener un empleo formal, tanto asalariado como monotributista. 

Desde 2001 la cantidad de pensiones pasó de 76.000 a más de un millón, es decir, de 0,2% a 2,4% de la población.

Actualmente, las prestaciones por discapacidad son evaluadas por tres tipos de organismos diferentes con reglamentaciones y criterios diferentes.

Agregar prestaciones al PMO para que obras sociales, prepagas y hospitales públicos se hagan cargo sin explicitar sus costos y cómo cubrirlos lleva a que en muchas ocasiones la atención no sea suministrada en tiempo y forma, o algunos casos que terminan con intervención judicial.